Las pensiones en España no se pueden sostener tal como están en la actualidad por la inexorable evolución de nuestra demografía. Esta idea, que se ha puesto en primer término de la actualidad por la propuestas del Gobierno, se viene expresando en los términos más claros al menos desde los años 80. En los malos años de paro de la era González volvió a hablarse del asunto y la puesta en marcha del Pacto de Toledo, en 1995, volvió a traer el asunto a la actualidad. De nuevo el paro, en niveles históricos, más la acumulación de voces que piden una reforma y el giro inesperado del Gobierno colocan el futuro de las pensiones en España en las portadas de los periódicos.
La pasada semana, el Gobierno aprobó una propuesta de reforma según la cual la edad de jubilación se retrasaría dos meses al año hasta los 67 años en 2025. De este modo, Zapatero imprimía un giro radical a su política, que hasta el momento no reconocía la necesidad de reformar las pensiones, y transmitía el mensaje de que nuestras pensiones gozaban de muy buena salud. Y desde el Gobierno se lanzaban duras críticas a quienes ponían sobre la mesa la necesidad de acometer las reformas que ahora propone el mismo Ejecutivo. Pero ya el pasado mes de abril Celestino Corbacho dijo que las pensiones estaban aseguradas hasta 2025, lo cual sugería que a partir de ese año las pensiones no estaban aseguradas.
Advertencias anteriores
El Gobierno filtraba esa idea mientras criticaba a aquellos que incidían en la necesidad de acometer reformas. El 15 de abril, en una reunión de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo alertó del riesgo de acumular una excesiva deuda hacia el futuro y señaló la conveniencia de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, como acababa de hacer Alemania. No se engañaba sobre lo que supone la medida: “una fuerte reducción en el gasto en pensiones”.
Más recientemente, el 14 de octubre, la Comisión Europea advertía a nuestro país de que el gasto en pensiones crecerá hasta ser insostenible si no emprende reformas significativas del sistema. Las pensiones, que cuestan el 8,9 por ciento del PIB, en 2060 supondrán el 15,1 por ciento. La Comisión ve a España en un grupo de “alto riesgo”, junto con Grecia, Irlanda, Reino Unido y Letonia.
OCDE: acertado, pero insuficiente
La OCDE ha aprovechado la ocasión para apoyar la propuesta de reforma por parte del Gobierno español. El club de los países desarrollados señala que sería necesario, además de retrasar la edad de jubilación, ampliar el número de años mínimo para obtener una pensión completa, que en la actualidad son 35 años, luchar contra las jubilaciones anticipadas y aumentar el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión, y que en la actualidad son 15 años.
Si se tuviera en cuenta el conjunto de la vida laboral, ello llevaría a una rebaja efectiva de las pensiones de no menos de un 30 por ciento. Las reformas que ha dejado caer el Gobierno y de las que ya se está distanciando son insuficientes para atender el problema que supone la “bomba demográfica” que arruinará el sistema público de pensiones.
Los inmigrantes no son la solución
Una de las “soluciones” que se han propuesto para atender el problema de la sostenibilidad de nuestro sistema público de retiro son los inmigrantes. La idea es que acuden a España para trabajar durante un período en el que cotizan y, por tanto, contribuyen al sistema. Pero vuelven a su país antes de que hayan cotizado lo suficiente como para poder percibir una pensión, al menos al 100 por ciento.
Pero el Banco de España ha advertido en más de una ocasión en que no se puede contar con la afluencia de inmigrantes para sostener el sistema, porque aunque mayoritariamente no generen el derecho de cobrar la pensión en su totalidad, sí pasarán a formar parte del pasivo del sistema. Como mucho, la llegada de inmigrantes retrasará el problema, pero no lo va a solventar.
Un sistema mixto, público-privado
El pasado 20 de enero el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (IMF) Roddrigo Rato presentó un informe elaborado por Asesores Fiscales Internacionales para la patronal de las aseguradoras, Unespa, sobre la situación de las pensiones públicas en España. El informe advertía de que el sistema entrará en déficit a partir de 2022, en sólo 12 años. Sus reformas van en el mismo sentido que la OCDE, y recoge una vieja propuesta de reforma que apuesta por un sistema mixto entre lo público y lo privado, con una transición hacia la capitalización de una parte de las aportaciones.
En la OCDE, de media, el 61,1 por ciento de los ingresos de los jubilados proviene de fuentes públicas y el resto se reparte, a partes casi iguales, entre el trabajo y los ahorros privados. Hay países que han logrado que el ahorro privado tenga un mayor protagonismo, con lo que tienen un menor problema de sostenibilidad del sistema público. En Austria, los ahorros privados aportan el 45 por ciento de la renta.
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