La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere que los profesores tengan condición de "autoridad pública" y la apliquen en las clases de acuerdo a la "importantísima labor" que desempeñan en la educación de los alumnos.
¿Qué significa esto en la práctica? Pues dar más poder al profesor en todos los sentidos.
Al convertirse en una autoridad pública, las acciones contra el funcionamiento de la actividad docente, por ejemplo, se pueden perseguir de oficio desde la fiscalía, se refuerza la figura del profesor y las faltas que se realizan contra ellos tendrán una consideración más graves.
La medida pretende mejorar la convivencia en las aulas, recuperando la autoridad de los docentes. Los médicos, los inspectores de educación y sanidad y los jueces ya disfrutan de esta distinción, que les presupone veracidad y convierte en delito de atentado contra la autoridad pública la agresión contra su persona.
Hasta aquí el relato de unas pretensiones legales por parte de una gobierno autonómico, que vienen desencadenadas, en última instancia, por unos hechos acaecidos en un colegio de Vallecas.
A partir de aquí, las opiniones, a favor y en contra.
Dos de los más beligerantes en este debate han sido el sindicato ANPE y la defensora del Profesor de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya solicitaron, el pasado mes de marzo, que se calificara directamente a los profesores como autoridad pública.
Así, los profesores “tendrían presunción de veracidad y cualquier agresión o intento de ella sería inmediatamente un delito de atentado", explicaron en su momento fuentes sindicales de ANPE.
Precisamente éste es uno de los aspectos que más valoran los docentes: el principio de veracidad que se presupone a todas las autoridades públicas y que remarcaría el poder del profesor dentro de su aula.
Los docentes somos conscientes de que los problemas en los colegios no se resuelven a golpe de ley, pero las cifras de agresiones, presiones, amenazas y bajas psicológicas por estos casos de violencia aumentan cada año. Lo que esta normativa pretende, según sus defensores, es servir de disuasión a los jóvenes que quieran intentar cualquier tipo de agresión física o psíquica porque su falta ya no se juzgaría dentro del ámbito escolar sino que se trasladaría directamente a los juzgados.
También, por supuesto, ha habido críticas negativas a esta propuesta. Así, el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ve con reticencias otorgar autoridad pública a los docentes sin la aprobación del sector educativo y cree que es "complicada" desde el punto de vista administrativo.
Aunque los sindicatos CC.OO. y UGT apoyan este reconocimiento al profesor creen que es "insuficiente" e "inútil" para resolver el conjunto de problemas educativos de la Comunidad.
Asimismo, la Confederación Española de asociaciones de madres y padre de alumnos (CEAPA) cree que se trata de una "vuelta al pasado" y que "la autoridad no se puede dar por decreto", sino que ha de ganarse día a día en las aulas.
En esta línea se ha mostrado CC.OO., que considera "peligrosísimo" que se crea que por dar más autoridad legal al profesor se solucione el problema de la disciplina en las aulas.
Desde la asociación de padres CEAPA, muy crítica con la normativa, piden "medidas más concretas" y más urgentes, como la "falta de formación de los profesores" o la conciliación de la vida laboral y profesional de los padres; denuncian que la mayoría no puede acudir a las tutorías.
En fin, como podemos ver, al menos se ha abierto un debate ante un hecho innegable, del que, por cierto, en DECROLY no nos vemos hoy inmersos pero que es evidente hay que tratar, estudiar, discutir y solucionar.
Yo no tengo la respuesta. Evidentemente y, como en muchos otros temas (por ejemplo, la violencia doméstica), es una cuestión de educación pero también de que todos tengamos claro las consecuencias de nuestras acciones. El problema, y esto es una opinión particular, es que en nuestro país parece que hay miedo a sancionar y, a veces, parece que también a educar en valores tales como el respeto a los demás. Eso sí, somos los primeros en exigir respeto hacia nosotros, los primeros en hacer valer nuestros derechos.
Y esto es labor de muchos, empezando por las familias, continuando por los docentes y terminando por la sociedad en general. Yo no sé si la medada propuesta por la comunidad de Madrid tendrá efectos positivos o negativos, pero, al menos, abre un debate y propone algo. Pues debatamos y busquemos entre todos una solución (ojo no al profesorado, una solución a la sociedad).
