Las reformas de las pensiones propuestas por el Gobierno son insuficientes … según la OCDE

Las pensiones en España no se pueden sostener tal como están en la actualidad por la inexorable evolución de nuestra demografía. Esta idea, que se ha puesto en primer término de la actualidad por la propuestas del Gobierno, se viene expresando en los términos más claros al menos desde los años 80. En los malos años de paro de la era González volvió a hablarse del asunto y la puesta en marcha del Pacto de Toledo, en 1995, volvió a traer el asunto a la actualidad. De nuevo el paro, en niveles históricos, más la acumulación de voces que piden una reforma y el giro inesperado del Gobierno colocan el futuro de las pensiones en España en las portadas de los periódicos.

La pasada semana, el Gobierno aprobó una propuesta de reforma según la cual la edad de jubilación se retrasaría dos meses al año hasta los 67 años en 2025. De este modo, Zapatero imprimía un giro radical a su política, que hasta el momento no reconocía la necesidad de reformar las pensiones, y transmitía el mensaje de que nuestras pensiones gozaban de muy buena salud. Y desde el Gobierno se lanzaban duras críticas a quienes ponían sobre la mesa la necesidad de acometer las reformas que ahora propone el mismo Ejecutivo. Pero ya el pasado mes de abril Celestino Corbacho dijo que las pensiones estaban aseguradas hasta 2025, lo cual sugería que a partir de ese año las pensiones no estaban aseguradas.

Advertencias anteriores

El Gobierno filtraba esa idea mientras criticaba a aquellos que incidían en la necesidad de acometer reformas. El 15 de abril, en una reunión de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo alertó del riesgo de acumular una excesiva deuda hacia el futuro y señaló la conveniencia de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, como acababa de hacer Alemania. No se engañaba sobre lo que supone la medida: “una fuerte reducción en el gasto en pensiones”.

Más recientemente, el 14 de octubre, la Comisión Europea advertía a nuestro país de que el gasto en pensiones crecerá hasta ser insostenible si no emprende reformas significativas del sistema. Las pensiones, que cuestan el 8,9 por ciento del PIB, en 2060 supondrán el 15,1 por ciento. La Comisión ve a España en un grupo de “alto riesgo”, junto con Grecia, Irlanda, Reino Unido y Letonia.

OCDE: acertado, pero insuficiente

La OCDE ha aprovechado la ocasión para apoyar la propuesta de reforma por parte del Gobierno español. El club de los países desarrollados señala que sería necesario, además de retrasar la edad de jubilación, ampliar el número de años mínimo para obtener una pensión completa, que en la actualidad son 35 años, luchar contra las jubilaciones anticipadas y aumentar el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión, y que en la actualidad son 15 años.

Si se tuviera en cuenta el conjunto de la vida laboral, ello llevaría a una rebaja efectiva de las pensiones de no menos de un 30 por ciento. Las reformas que ha dejado caer el Gobierno y de las que ya se está distanciando son insuficientes para atender el problema que supone la “bomba demográfica” que arruinará el sistema público de pensiones.

Los inmigrantes no son la solución


Una de las “soluciones” que se han propuesto para atender el problema de la sostenibilidad de nuestro sistema público de retiro son los inmigrantes. La idea es que acuden a España para trabajar durante un período en el que cotizan y, por tanto, contribuyen al sistema. Pero vuelven a su país antes de que hayan cotizado lo suficiente como para poder percibir una pensión, al menos al 100 por ciento.

Pero el Banco de España ha advertido en más de una ocasión en que no se puede contar con la afluencia de inmigrantes para sostener el sistema, porque aunque mayoritariamente no generen el derecho de cobrar la pensión en su totalidad, sí pasarán a formar parte del pasivo del sistema. Como mucho, la llegada de inmigrantes retrasará el problema, pero no lo va a solventar.

Un sistema mixto, público-privado

El pasado 20 de enero el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (IMF) Roddrigo Rato presentó un informe elaborado por Asesores Fiscales Internacionales para la patronal de las aseguradoras, Unespa, sobre la situación de las pensiones públicas en España. El informe advertía de que el sistema entrará en déficit a partir de 2022, en sólo 12 años. Sus reformas van en el mismo sentido que la OCDE, y recoge una vieja propuesta de reforma que apuesta por un sistema mixto entre lo público y lo privado, con una transición hacia la capitalización de una parte de las aportaciones.

En la OCDE, de media, el 61,1 por ciento de los ingresos de los jubilados proviene de fuentes públicas y el resto se reparte, a partes casi iguales, entre el trabajo y los ahorros privados. Hay países que han logrado que el ahorro privado tenga un mayor protagonismo, con lo que tienen un menor problema de sostenibilidad del sistema público. En Austria, los ahorros privados aportan el 45 por ciento de la renta.

El Profesor, ¿autoridad pública?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere que los profesores tengan condición de "autoridad pública" y la apliquen en las clases de acuerdo a la "importantísima labor" que desempeñan en la educación de los alumnos.
¿Qué significa esto en la práctica? Pues dar más poder al profesor en todos los sentidos.
Al convertirse en una autoridad pública, las acciones contra el funcionamiento de la actividad docente, por ejemplo, se pueden perseguir de oficio desde la fiscalía, se refuerza la figura del profesor y las faltas que se realizan contra ellos tendrán una consideración más graves.
La medida pretende mejorar la convivencia en las aulas, recuperando la autoridad de los docentes. Los médicos, los inspectores de educación y sanidad y los jueces ya disfrutan de esta distinción, que les presupone veracidad y convierte en delito de atentado contra la autoridad pública la agresión contra su persona.
Hasta aquí el relato de unas pretensiones legales por parte de una gobierno autonómico, que vienen desencadenadas, en última instancia, por unos hechos acaecidos en un colegio de Vallecas.
A partir de aquí, las opiniones, a favor y en contra.
Dos de los más beligerantes en este debate han sido el sindicato ANPE y la defensora del Profesor de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya solicitaron, el pasado mes de marzo, que se calificara directamente a los profesores como autoridad pública.
Así, los profesores “tendrían presunción de veracidad y cualquier agresión o intento de ella sería inmediatamente un delito de atentado", explicaron en su momento fuentes sindicales de ANPE.
Precisamente éste es uno de los aspectos que más valoran los docentes: el principio de veracidad que se presupone a todas las autoridades públicas y que remarcaría el poder del profesor dentro de su aula.
Los docentes somos conscientes de que los problemas en los colegios no se resuelven a golpe de ley, pero las cifras de agresiones, presiones, amenazas y bajas psicológicas por estos casos de violencia aumentan cada año. Lo que esta normativa pretende, según sus defensores, es servir de disuasión a los jóvenes que quieran intentar cualquier tipo de agresión física o psíquica porque su falta ya no se juzgaría dentro del ámbito escolar sino que se trasladaría directamente a los juzgados.
También, por supuesto, ha habido críticas negativas a esta propuesta. Así, el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ve con reticencias otorgar autoridad pública a los docentes sin la aprobación del sector educativo y cree que es "complicada" desde el punto de vista administrativo.
Aunque los sindicatos CC.OO. y UGT apoyan este reconocimiento al profesor creen que es "insuficiente" e "inútil" para resolver el conjunto de problemas educativos de la Comunidad.
Asimismo, la Confederación Española de asociaciones de madres y padre de alumnos (CEAPA) cree que se trata de una "vuelta al pasado" y que "la autoridad no se puede dar por decreto", sino que ha de ganarse día a día en las aulas.
En esta línea se ha mostrado CC.OO., que considera "peligrosísimo" que se crea que por dar más autoridad legal al profesor se solucione el problema de la disciplina en las aulas.
Desde la asociación de padres CEAPA, muy crítica con la normativa, piden "medidas más concretas" y más urgentes, como la "falta de formación de los profesores" o la conciliación de la vida laboral y profesional de los padres; denuncian que la mayoría no puede acudir a las tutorías.
En fin, como podemos ver, al menos se ha abierto un debate ante un hecho innegable, del que, por cierto, en DECROLY no nos vemos hoy inmersos pero que es evidente hay que tratar, estudiar, discutir y solucionar.
Yo no tengo la respuesta. Evidentemente y, como en muchos otros temas (por ejemplo, la violencia doméstica), es una cuestión de educación pero también de que todos tengamos claro las consecuencias de nuestras acciones. El problema, y esto es una opinión particular, es que en nuestro país parece que hay miedo a sancionar y, a veces, parece que también a educar en valores tales como el respeto a los demás. Eso sí, somos los primeros en exigir respeto hacia nosotros, los primeros en hacer valer nuestros derechos.
Y esto es labor de muchos, empezando por las familias, continuando por los docentes y terminando por la sociedad en general. Yo no sé si la medada propuesta por la comunidad de Madrid tendrá efectos positivos o negativos, pero, al menos, abre un debate y propone algo. Pues debatamos y busquemos entre todos una solución (ojo no al profesorado, una solución a la sociedad).

La figura del Delegado de Curso

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De acuerdo con el Proyecto Educativo ...

Artículo Delegados (13 10 09)

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